El Consejo de Ministros aprobó este martes, por iniciativa del Ministerio de Trabajo, la puesta en marcha de un nuevo sistema de incentivos económicos para las empresas que buscan fomentar la contratación indefinida de personas vulnerables en detrimento de la temporal. En concreto, el decreto -que entrará en vigor en septiembre- implanta bonificaciones para las empresas que hagan contratos fijos a jóvenes con baja cualificación o que estén ya trabajando como becarias, y elimina los incentivos a la conversión de contratos temporales en indefinidos vigentes hasta el momento.

Así lo anunció este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que explicó que el espíritu de este nuevo sistema de ayudas para las empresas es el mismo que el de la reforma laboral: la búsqueda de la "estabilidad en el empleo" mediante el fomento de los contratos indefinidos en detrimento de los temporales. "Se trata de mejorar la empleabilidad de colectivos con enormes dificultades para acceder al trabajo", y por ello el decreto busca que deje de entenderse la bonificación o el incentivo "como un elemento de abaratamiento de los costes laborales".

Las principales beneficiarias de los nuevos incentivos, por tanto, serán las empresas que hagan contratos indefinidos a colectivos que tienen más complicado acceder al mercado laboral. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el de los jóvenes poco cualificados apuntados al Sistema Nacional de Garantía Juvenil: firmar un contrato fijo con una de estas personas dará derecho a la compañía contratante a disfrutar de una bonificación en sus cotizaciones sociales de 275 euros durante tres años. 

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Asimismo, habrá bonificación para la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración o de mayores de 45 años, que será superior cuando la persona contratada sea mujer: 128 euros al mes, por 110 euros al mes en el caso de los hombres. Si la empresa contrata una persona que esté haciendo formación práctica (un becario) tendrá una bonificación de 138 euros mensuales durante tres años. Y el nuevo sistema también incrementará la bonificación prevista en la actualidad por la contratación indefinida de personas en situación de exclusión social, que pasará de 55 euros al mes hasta los 128 euros mensuales.

Únicamente se mantendrá una ayuda para las empresas que transformen en indefinidos los contratos temporales de sus empleados. Será en el sector agrícola, cuyas especiales características provocan que muchos de los trabajadores tengan contratos de tiempo determinado, que el Gobierno quiere fomentar que se transformen en fijos discontinuos. Para ello, esta transformación de un contrato temporal en un fijo discontinuo dará derecho, durante los tres años siguientes, a una bonificación en la cotización de 55 euros por mes. En el caso de las mujeres, la cifra se eleva hasta los 73 euros por mes.

El decreto también establece una bonificación para las empresas que readmitan a los trabajadores que hayan cesado en su puesto de trabajo por incapacidad permanente total o absoluta. Estos incentivos también se aplicarán en los supuestos de personas mayores de 55 años con incapacidad permanente reincorporadas a su empresa en otra categoría, así como de personas mayores de esa edad que recuperan su capacidad y pudieran ser contratadas por otra empresa.

La cuantía de todas estas bonificaciones e incentivos está referida a los contratos indefinidos que se realicen a jornada completa. Las empresas también podrán beneficiarse de ellas si contratan a trabajadores de estos colectivos a tiempo parcial, pero entonces las cuantías se reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida. Y el Estado no bonificará ningún contrato en el que la jornada laboral del empleado sea menor de la mitad de un día completo de trabajo, salvo en los supuestos de permisos por conciliación.

Todas las compañías radicadas en España podrán beneficiarse de estos incentivos a la contratación de determinados colectivos, siempre y cuando se comprometan a mantener el contrato del empleado durante al menos tres años. Y, si la compañía decide trasladar su actividad industrial, productiva o de negocio a un territorio ajeno a la UE para reducir costes, deberá devolver todas las ayudas y bonificaciones recibidas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, así como las subvenciones recibidas.